Una gran mayoría de nuestros bancos vienen incumpliendo de forma abrumadora y casi sistemática las directivas europeas que exigen unos niveles de información a los usuarios de productos financieros muy rigurosos.
Esta indebida praxis bancaria, los lleva a tener que restituir a sus clientes en los derechos conculcados y con ello, a devolverles los importes percibidos ilegalmente, con intereses.
La cuestión se centra en el hecho de que hay que acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar, porque las entidades financieras no reconocen nunca sus violaciones de ley y han de ser los jueces quienes les condenen a ello. Por tanto, quien no reclama, pierde.